Por estos días La Habana, como
es costumbre cada dos años en el mes de febrero, es sede de una de las más
importantes convenciones de educación superior que se celebran en América
Latina, el Congreso Internacional “Universidad” en el que se dan cita miles de
profesores, investigadores, directivos y funcionarios de alto nivel en
representación de los más diversos sectores de la educación superior en el
continente latinoamericano, así como representantes de organizaciones e
instituciones de Europa y otras regiones del mundo.
El Congreso Universidad 2014
tiene como tema central “Por una universidad socialmente responsable” y debatirá
con fuerza el papel de las universidades en el desarrollo económico y social y su
rol estratégico como vehículo de integración y fomento de alianzas
internacionales. Esta edición tiene la
peculiaridad de realizarse a continuación de la reciente culminada cumbre de la
CELAC que también tuvo lugar en la capital cubana y en la que a rezar por los
documentos oficiales los temas de la educación superior, ciencia, tecnología e
innovación fueron ampliamente debatidos y reconocidos por los mandatarios de la
región como una de las prioridades estratégicas para impulsar el desarrollo e
integración de América Latina y el Caribe.
La Declaración de La Habana
en su artículo 22 recoge la voluntad de impulsar programas regionales,
subregionales, bilaterales y triangulares de cooperación al desarrollo y el Plan de Acción 2014 de la CELAC, que será coordinado por Costa Rica en su papel de
presidencia pro tempore de la organización, incluye sendos capítulos dedicados
a educación y a ciencia, tecnología e innovación en los que se delinean las
actividades a llevar a cabo durante este año para avanzar en ambos sectores.
Hasta aquí todo parece
encajar armónicamente, porque ambos documentos desde el punto de vista
programático, recogen con precisión los postulados básicos de lo que se debe
hacer a nivel regional para que la educación, la investigación científica y la
innovación tecnológica se conviertan en verdaderos motores de una sociedad
latinoamericana y caribeña más justa, equitativa, desarrollada e integrada
desde un modelo de crecimiento económico sostenido por los pilares del
conocimiento.
Lo que a mi entender no
queda definido con precisión, a pesar de la referencia que se hace al tema de
la canalización de los recursos para la agenda de desarrollo en el artículo 29
de la Declaración, es cómo se impulsarán todas estas iniciativas y en este punto es que me gustaría detenerme, porque estamos hablando de un macro proyecto en el
que está en juego el futuro y los destinos de una región pletórica de
potencialidades que por diferentes condicionantes no acaban de concretarse en
toda su dimensión.
Por tanto, si abordamos este
proceso desde la lógica de intervención de un proyecto de desarrollo, me
gustaría recurrir al concepto que mejor tipifica esta situación y en el que podemos
definir a un proyecto como una empresa planificada con un conjunto de
actividades relacionadas para alcanzar un objetivo, para lo que se cuenta con los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios y se dispone de un tiempo
previamente determinado para su ejecución, siendo la clave de su dinámica la
transformación de una situación problemática y el avanzar a un estadio superior
de desarrollo. Esta definición funciona para cualquier tipo de proyectos desde
pequeñas intervenciones hasta proyectos estratégicos en los que resulta
necesario canalizar grandes recursos. En la medida que el proyecto tiene
mayores dimensiones será siempre más importante y decisivo para la
materialización exitosa de sus resultados que se garanticen los recursos indispensables
para su ejecución.
Por tanto, cuando se proyecta
a gran escala la necesidad de fomentar el desarrollo regional en educación,
ciencia, tecnología e innovación es menester un pacto de los gobiernos de
América Latina y el Caribe para canalizar recursos que permitan poner en marcha
programas e iniciativas regionales que impulsen la calidad de la educación
superior y la ciencia que se hace en la región. Por consiguiente, no basta con
que los mandatarios refrenden y den su apoyo político a las acciones que puedan
ser canalizadas por las organizaciones vinculadas a estos sectores, estas
necesitan de ingentes recursos para poder acometer con éxito su misión y
objetivos.
En América Latina y el
Caribe existen, interactúan, colaboran y a veces hasta compiten o se solapan en
sus funciones decenas de organizaciones vinculadas a la educación superior que actúan
a nivel nacional, subregional o regional. En un esfuerzo de integración a tono
con el proceso que se impulsa en diferentes ámbitos a escala regional se creó
el pasado mes de noviembre en la ciudad brasileña de Belo Horizonte la Asociación
de Consejos de Rectores de Universidades de América Latina y el Caribe
(ACRU-LAC), que en la práctica actuará como una asociación de asociaciones con un mandato y alcance regional, ayudando a articular y uniformar políticas y estrategias en toda la región. Resulta positivo que los Jefes de Estado y Gobierno en el Plan de Acción
de la CELAC para 2014 hayan abiertamente saludado su creación y apoyado las
acciones que deberán acometer para impulsar acciones de movilidad de
estudiantes, profesores e investigadores en el espacio latinoamericano y
caribeño, o el trabajo que deberán desarrollar para que la homologación, el
reconocimiento de titulaciones y los problemas de evaluación de calidad y
acreditación de carreras, especialidades e instituciones deje de ser una
limitante para convertirse en una plataforma que facilite la
internacionalización de la educación superior tanto dentro de la región como en
los proyectos que se lleven a cabo con instituciones de otras regiones con las
que resulta esencial colaborar.
Si instituciones como
ACRU-LAC o iniciativas como el Espacio de
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) no son
dotadas de los recursos necesarios para poner en marcha los programas,
proyectos y acciones que la región demanda, el impacto de su actividad será
minimizado y se reducirán a organizaciones o iniciativas consultivas y formuladoras
de políticas y recomendaciones que en la práctica costarán mucho trabajo implementar
porque no se dispondrá de los medios para ponerlas en marcha.
Como he defendido en
anteriores ocasiones, América Latina y el Caribe necesita de manera
impostergable de la existencia de sus propios programas regionales para el
fomento de proyectos conjuntos de índole académica y científica, programas de
excelencia con una adecuada financiación que pongan en contacto a lo mejor del
conocimiento que existe en la región, que generen y refuercen el sentido de
pertenencia a la comunidad académica y científica latinoamericana y que
multipliquen exponencialmente el limitado intercambio académico y científico que hoy se constata.
Sinceramente, pienso que ese
es el camino para construir una verdadera integración regional y comenzar a
proyectar de manera orgánica una intervención más eficaz de las instituciones
regionales de educación superior en el contexto internacional. De ese esfuerzo
concertado de los estados y gobiernos de la región por dotar a estas instancias
de los recursos financieros necesarios para su operatividad dependerá en alto grado
que el proyecto integrador que en el contexto de la CELAC se quiere emprender conduzca
a la vuelta de unos años a una región más equitativa, desarrollada e
independiente. La región está en mejores condiciones que nunca para asumir ese
compromiso e invertir de manera planificada en su desarrollo. En ello estriba
el abismo entre el sueño utópico de un bloque regional integrado y fuerte y un
proyecto de desarrollo regional coherente de apuesta en el futuro.
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